Los acusados de la tragedia de Aguamarga sólo pagarán multas

Un acuerdo entre Fiscalía, abogados defensores y acusaciones particulares permitió ayer enterrar una de las páginas más negras de la historia ferroviaria alicantina: el arrollamiento de un grupo de excursionistas de Elche por un tren en la partida alicantina de Aguamarga. La tragedia, ocurrida el 28 de septiembre de 2002, se cobró la vida de tres personas y dejó gravemente heridas a otras cuatro.

El pacto, fraguado hace unos días, consiste en que tres de los cuatro acusados serán condenados como autores de siete faltas de imprudencia con resultado de muerte y lesiones, por las que deberán pagar cada uno 2.520 euros en multas, según fuentes jurídicas. Son el presidente y un vocal de la Unión Excursionista de Elche (UEE), Licinio Antón y José Cordobés, respectivamente, que organizaron la fatídica marcha hacia Guardamar, y el factor del apeadero de San Gabriel, Gerardo Antonio Pastor.

El fiscal solicitaba provisionalmente para los dos primeros tres años y medio de cárcel, así como dos y medio para el funcionario del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), por delitos de homicidio y lesiones imprudentes.

El Ministerio Público modificó ayer esas conclusiones para calificar los hechos como falta. El acuerdo con las defensas y los abogados de las víctimas fue posible porque la representante legal de 32 participantes en la excursión que no sufrieron lesiones físicas de forma directa accedió a retirar la acusación contra el maquinista del tren. Su exculpación lleva aparejada la de Renfe.

El acuerdo alcanzado hizo innecesaria la continuación del juicio, previsto para varias sesiones, más allá de la discusión sobre el porcentaje de las indemnizaciones que corresponde pagar a cada acusado. Ese debate quedará zanjado en una vista el próximo jueves.

Inicialmente, el fiscal consideraba que Antón y Cordobés debían pagar el 75% de los daños ocasionados y Pastor el 25%. Ellos o sus responsables civiles directos o subsidiarios, Allianz Seguros y Adif, por ese mismo orden.

Las cantidades solicitadas por el Ministerio Público superan los 400.000 euros. El pacto permitirá que los familiares de los fallecidos y los heridos cobren lo más rápidamente posible, pues no tendrán que esperar a que la Audiencia Provincial resuelva recursos de apelación que sí hubieran presentado las partes en caso de discrepancia.

Eso sí, los que pueden tener ahora algún problema para cobrar son los 32 perjudicados aglutinados en la causa que no resultaron directamente lesionados, según fuentes jurídicas. Reclaman por las secuelas morales y el estrés postraumático derivado de la terrible experiencia vivida, pero sus letrados renunciaron en su día a ejercer la acusación contra los dirigentes de la Unión Excursionista de Elche.

Ocho años después de la tragedia, la sentencia del Juzgado de lo Penal 4 de Alicante dejará claros todos esos flecos.