El ADIF pide ayuda externa para los análisis de riesgo que no hizo en Angrois.

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El ADIF pide ayuda externa para los análisis de riesgo que no hizo en Angrois.

Pretende ampliar el catálogo de peligros definiendo nuevas amenazas para la seguridad.

 

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) acaba de licitar un contrato para reclamar ayuda externa con el objetivo de actualizar los análisis de riesgo y adaptarlos a la normativa europea, así como mejorar y ampliar el catálogo de riesgos, definiendo nuevos peligros para incluir en el registro de amenazas del administrador ferroviario. Hay que recordar que el exdirector de seguridad en la circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, está imputado en el caso Alvia porque la empresa pública no realizó en su día el análisis integral de riesgos que marca la directiva de seguridad ferroviaria del 2004 y el reglamento del método común de seguridad del 2009.

El nuevo contrato pretende adaptar el sistema de gestión de seguridad a la reciente directiva europea actualizada en mayo del 2016, así como el reglamento de ejecución de abril del 2013, muy similares a la normativa que en principio era aplicable a la línea de alta velocidad Santiago-Ourense, inaugurada en diciembre del 2011 y que sufrió el accidente del Alvia en julio del 2013 con 80 muertos y 144 heridos.

«Nuevos desarrollos»

La ampliación del catálogo de riesgos operacionales se plantea «en base a los nuevos desarrollos que se van realizando dentro de la empresa y dando cuenta de los progresos logrados en la supervisión de riesgos asociados a peligros determinados», se explica en los pliegos del contrato. Esto implica, según la normativa comunitaria, actualizar los riesgos y las medidas y requisitos de seguridad relacionados con el diseño y construcción de infraestructuras ferroviarias. También se piden fórmulas para poder mitigar esos riesgos.

En el contrato hay un amplio apartado destinado a evaluar las estructuras organizativas de otros países europeos en lo que respecta al cumplimiento de la normativa europea en materia de seguridad, para proceder a aplicar cambios de organización en la gestión de la seguridad en el ADIF. De ahí que se pida a las consultoras que finalmente se hagan con el contrato que elaboren un procedimiento organizativo para cumplir con estos objetivos. Para ello deberán estudiar al menos, según se establece en el pliego, el sistema empleado en Francia, Reino Unido, Dinamarca y Alemania para cumplir con el reglamento del método común de seguridad y detectar posibles gaps en el modelo empleado por el ADIF. Lo fundamental a la hora de diseñar esta futura estructura organizativa es que los ámbitos administrativos relacionados con la seguridad «estén claramente definidos», según se recoge.

Otra de las demandas que se incluyen en esta licitación a la que concurrirán empresas externas es que elaboren documentos de análisis de riesgos que se vayan a necesitar en proyectos que no cuenten con ellos. Los adjudicatarios estarán obligados por tanto a ofrecer toda la ayuda necesaria en la transferencia de todo este conocimiento al ADIF. El administrador ferroviario tiene previsto gastarse algo más de 600.000 euros en esta asistencia técnica que, al parecer, no puede realizar el numeroso personal especializado con el que cuenta la empresa pública.

Quejas por una normativa compleja y difusa

No deja de ser curioso que el ADIF externalice la puesta en marcha de una serie de métodos de seguridad que impone la Comisión Europea. Pero tras la reciente imputación de Cortabitarte por el ADIF ha quedado claro que el administrador considera «difusa» y «confusa» la normativa comunitaria aplicable en Angrois, muy similar a la que ahora intentan adaptar buscando ayuda experta del exterior.

Fuente de la Noticia: 
lavozdegalicia.es