El cargo imputado en el Alvia desvía la responsabilidad a otra empresa pública.

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El cargo imputado en el Alvia desvía la responsabilidad a otra empresa pública.

En su recurso, alega que era Ineco la firma responsable de evaluar y mitigar los riesgos.

 

El caso Alvia se está convirtiendo en una guerra soterrada entre empresas públicas vinculadas al Ministerio de Fomento. La aseguradora de Renfe ha acusado al ADIF desde el inicio del procedimiento y ahora, el abogado de Andrés Cortabitarte, exdirector de Seguridad en la Circulación cuando se puso en servicio la línea Santiago-Ourense y recientemente imputado, alega que no era obligatorio realizar la evaluación integral de riesgos, que su defendido no tenía asignada esta función y que, en cualquier caso, si algo se hizo mal en la puesta en servicio de la línea -posibilidad que niegan- la responsabilidad correspondería a la empresa pública de ingeniería Ineco, encargada de auditar la seguridad en la línea. Era esta firma, alegan, la encargada de evaluar los peligros. «Además, los riesgos que Ineco podía exportar al ADIF tenían que estar ya mitigados (debían ser tolerables). Dicho de otro modo, ni Andrés Cortabitarte ha incumplido obligación alguna que le concerniera ni era el garante último de la seguridad de las vías», argumentan en el recurso de apelación.

Cortabitarte, defendido por un abogado del seguro suscrito por el ADIF y no por la Abogacía del Estado, no tendría entre sus funciones la evaluación de peligros, pues el sistema de gestión de seguridad del ADIF preveía «una evaluación del riesgo con la ayuda de un evaluador independiente». De hecho, aportan el pliego de condiciones del contrato en el que se asegura que el evaluador independiente debe exportar los riesgos al ADIF «ya mitigados». Y también un listado de las funciones del director de Seguridad en la Circulación en la que no estaría el análisis de riesgos. Intervendría en una fase «muy posterior» a la puesta en servicio de la línea.

Si no se analizó el peligro concreto de la curva, aseguran, fue porque las empresas que instalaron la seguridad nunca la incluyeron en su registro de peligros, como da a entender el auto del juez Andrés Lago Louro donde se sustancia la imputación. Finalmente, pese a centrar la responsabilidad en Ineco, concluye que la empresa exportó correctamente los riesgos al ADIF.

El análisis integral de riesgos no fue realizado, según el recurso, por ningún país europeo, y solo existiría obligación de llevarlo a cabo a partir de julio del 2010 si había un cambio significativo en los vehículos o en los subsistemas estructurales. Además, también defienden que el ADIF no era el responsable de poner en servicio la línea, sino la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, que debía comprobar todos los subsistemas ferroviarios.

El abogado pide que se suspenda la declaración de Cortabitarte, prevista para el 4 de abril, hasta que la Audiencia de A Coruña decida sobre el recurso.

El presidente de la CIAF descarta reabrir la investigación

El nuevo presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el experto en señalización ferroviaria e ingeniero industrial Fernando Montes Ponce de León, afirmó ayer en la comisión de Fomento del Congreso que no tiene intención de reabrir la investigación del accidente ferroviario de Santiago, pese a que la Agencia Ferroviaria Europea dejó claro en un dictamen que ese informe no se hizo con las garantías de independencia que prevén las directivas europeas.

A preguntas de los parlamentarios, que finalmente apoyaron el nombramiento propuesto por el ministro de Fomento gracias al voto favorable del PP y la abstención del PSOE, Fernando Montes pronunció con contundencia la palabra «no» cuando, a instancias de En Marea y Compromís, que votaron en contra de su nombramiento, contestó a la pregunta sobre si iba a reabrir la investigación del descarrilamiento de Angrois. «El informe de la CIAF es técnico y aporta soluciones que se están implementando. Y se hizo con completa independencia y por gente profesional», alegó, ignorando por completo el informe de la Comisión Europea que dice todo lo contrario. En línea con la postura oficial de la CIAF -de la que es vocal desde julio del 2014-, tan solo estaría de acuerdo con reabrir la investigación si se produce «algún suceso» o novedad en relación con el siniestro que causó 80 muertos.

Pese a tener la oportunidad de matizar las declaraciones que en el 2013 realizó también en el Congreso, en la subcomisión de estudio del ferrocarril, cuando defendió las medidas de seguridad en la curva de Angrois -básicamente ninguna-, Montes se reafirmó con rotundidad en sus tesis. «Las medidas eran las correctas en aquel momento», dijo.

Por otra parte, dos víctimas del Alvia fueron expulsadas del Senado cuando protestaban por la respuesta del ministro a una pregunta sobre la falta de independencia de la CIAF. El ministro admitió que las responsabilidades «tendrán que ser plenamente asumidas» si el juzgado determina que no hubo análisis de riesgo.

Fuente de la Noticia: 
lavozdegalicia.es